Aldesa surgió como una firma de asesoría bursátil a finales de los años 1960 y luego se adentró en el mercado de valores a partir de la década de los 1990. Desde entonces, logró crecer sustancialmente, pero condiciones de insuficiencia terminaron provocando la certificación de su quiebra en 2022.
La entidad experimentó serios problemas de liquidez en marzo de 2019, los cuales intentó sortear a través de planes de salvamento que no logró llevar a cabo y finalmente no logró resistir.
El caso luego se trasladó al plano judicial, después de que inversionistas presentaron denuncias, y recién este 29 de noviembre la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual notificó haber encontrado indicios suficientes para acusar hasta a 22 personas por los presuntos delitos de estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central. Esta acusación se presentará y, más tarde, un juzgado deberá determinar si se abre juicio para esclarecer si realmente los delitos se dieron.
Además de la acusación por parte de la Fiscalía, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) informó este 30 de noviembre, a través de un hecho relevante, de que concluyó un proceso sancionatorio en contra de Aldesa Puesto de Bolsa y varias de sus autoridades y agentes.
Sugeval detectó 13 infracciones, entre las cuales acreditó que Aldesa y algunos de sus funcionarios habrían realizado actividades no autorizadas, que habrían omitido un correcto seguimiento a sus clientes y brindarles las adecuadas advertencias sobre conflictos de interés, y que habrían malinformado a sus clientes con datos “confusos, imprecisos e inoportunos”.
EF le explica el caso y sus hechos recientes más relevantes.
¿Qué pasó con Aldesa y de qué se le acusó?
Las alarmas sobre Aldesa saltaron a inicios de 2019.
El presidente de Aldesa, Javier Chaves, acudió a instancias judiciales en marzo, alegando problemas de liquidez que ameritaban un plan de reestructuración.
Específicamente, planteó suspender por tres años los pagos a un grupo de más de 500 inversionistas de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada y otros por unos $200 millones, mientras se reordenaban las finanzas del grupo y se cerraba su puesto de bolsa, que había dejado de ser rentable desde hacía más de tres años y registraba pérdidas desde hacía más de 12 meses, según la propia compañía.
Aldesa tenía problemas de endeudamiento con múltiples de sus proyectos, incluido el desarrollo inmobiliario Monte del Barco (en Papagayo, Guanacaste): una iniciativa de corte turístico de 432 hectáreas de terrenos, la cual terminó siendo calificado como “inviable” por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en junio de 2022 y finalmente nunca logró edificar un solo inmueble, a pesar de que su fondo de inversión se activó desde 2008 y llegó a contar con hasta ¢29.300 millones en activos.
Finalmente, a pesar de planes de la entidad para intentar enmendar sus problemas, Aldesa fue declarada en quiebra por el Juzgado Concursal en julio de 2022.
En ese momento se dio por abierto el concurso para la fase de liquidación de las empresas que formaban parte del grupo de interés económico y se otorgó un plazo de 15 días a los inversionistas para apersonarse, si deseaban ser beneficiarios de la liquidación de las propiedades y todavía no formaban parte de algún otro proceso de reparación.
Ante la situación de insolvencia, desde 2019, múltiples personas afectadas denunciaron a Aldesa y su administración ante las autoridades judiciales y ante la Sugeval, alegando que habrían sido víctimas de infracciones a normas bursátiles y de una presunta estafa con negocios ruinosos.
Entre otros argumentos, señalaron que Aldesa no actuó con claridad sobre sus inversiones y sobre sus riesgos, que tampoco informó correctamente sobre las actividades realizadas con sus inversiones y sobre conflictos de interés, y que utilizó diversas artimañas para esconder el estado real de supervisión de algunas entidades relacionadas con el puesto de bolsa, pero que quedaban fuera de su mismo ámbito de regulación.
Ante esas denuncias, la Fiscalía intervino en el caso desde el mismo año 2019 e incluso detuvo al presidente de Aldesa, Javier Chaves, para indagarlo.
El Ministerio Público calificó la causa como de “suma complejidad” y finalmente contabilizó un legajo principal de 5.323 folios, dos legajos de prueba con 535 folios, y 20 legajos de denuncia y prueba presentada por los inversionistas de 3.536 folios.
Al mismo tiempo, la Sugeval desarrolló investigaciones por su cuenta, con base en múltiples denuncias directamente relacionadas con las actividades del puesto de bolsa.
¿Y qué está pasando ahora?
Tanto la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos como la Sugeval llegaron a algunas conclusiones. Entre ellas, sentaron responsabilidades sobre Aldesa y varias de sus autoridades.
La Fiscalía notificó a las partes del proceso sobre la imputación formal de cargos en contra de 22 personas, por los presuntos delitos de estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Por el presunto delito de estafa, señaló a los exmiembros de la junta directiva Javier Chaves, Diego Artiñano, Eduardo Ulibarri, Mario Montealegre, Carlos Oreamuno, Lanzo Luconi y Luis Mesalles; a los antiguos corredores de bolsa y asesores de inversión José Francisco Villar, Gustavo Aguilar, Ileana Mendoza, Jorge Araya, Mario Garita, Luis Diego Simón, Vernán Mesén, Steven Alfaro, Román Morera, Leonardo Calderón, Leticia Balma y Randall Díaz; y al exgerente financiero Fernando Rojas.
Por el presunto delito de infracción a la Ley del Banco Central, también se señalaron al extesorero Roger Castillo, a la exjefa de operaciones Ana Catalina Jaramillo y al exgerente financiero Rojas, ya mencionado.
Esta acusación permitirá a denunciantes y personas afectadas por la quiebra participar del proceso legal, en el cual eventualmente la Fiscalía solicitará la apertura de juicio. También podrán tramitar acciones civiles resarcitorias, si lo desean.
El fiscal general Carlo Díaz había adelantado que se tenían monitoreados los plazos de prescripción de los hechos investigados, con el objetivo de “finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia” antes de esa fecha límite. Así lo había mencionado después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzó una serie de críticas sobre la lentitud del proceso en una conferencia de prensa, en octubre pasado, en la que recibió a un grupo de los denunciantes en Casa Presidencial.
Por otra parte, la Sugeval informó a través de un hecho relevante sobre la conclusión de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Aldesa Puesto de Bolsa y algunas de sus autoridades y responsables. En este proceso, se acreditaron hasta 13 faltas en contra de diversos clientes de la compañía.
En la resolución respectiva, se leen faltas que van desde omisiones en la obligación de brindar información relevante a sus clientes hasta la realización de actividades diferentes a las que se tenían autorizadas. Además, se establecieron multas millonarias en contra de la compañía y de seis exfuncionarios, incluido el expresidente de la firma Javier Chaves:
¿Y ahora qué sigue?
La historia de Aldesa sigue lejos de terminar y ahora los procesos legales deberán seguir sus respectivos cursos hasta quedar en firme o desecharse.
Eventualmente, los tribunales de justicia deberán evaluar si la tesis de la Fiscalía merece o no que se abra un juico y, en ese determinado caso, se deberá determinar si los delitos efectivamente fueron cometidos y si todas las personas señaladas son responsables o no de lo que se les acusa.
