EscucharWendy Rivera, directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), mencionó que los datos sobre créditos y depósitos bancarios pueden considerarse como datos sensibles o restringidos, dependiendo del contexto en el que se almacenen.
Así lo declaró en la comparecencia que hizo frente a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público este jueves 26 de octubre. Esta comisión investiga las solicitudes de datos individualizados que le hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Durante la audiencia, la diputada liberacionista Andrea Álvarez le preguntó a Rivera si ella considera los siguientes datos caen bajo la categoría de “socioeconómicos” —y, por ende, sensibles—: datos sobre ahorros y depósitos con número de cédula, saldo en cuentas e intereses, tipo de operaciones, fecha de inicio de la operación y fecha del próximo pago.
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“A mí criterio puede ser parte del historial de crédito, que podría considerarse (como información) restringida, o podrían ser sensibles al considerarse como parte de un perfil socioeconómico”, respondió Rivera.
Según la Ley 8968 de Protección de Datos, el tratamiento de la información de acceso restringido solo será permitido para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular, ya que son solo de interés para su dueño y la administración pública. En cambio, los datos sensibles solo pueden ser compartidos con el consentimiento directo del titular y este no podrá ser obligado a suministrarlos. La revelación de la condición socioeconómica de una persona es uno de los factores que componen a un dato como sensible.
Esa información a la que se refirió Álvarez forma parte de los datos que desde el 2016 todos los intermediarios financieros le envían semanalmente al BCCR de forma individualizada, es decir, con número de identificación. También forma parte de la solicitud que el Central le hizo a la Sugef en noviembre del 2022 y que desató la polémica sobre el tratamiento de la información crediticia.
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“Aquí hay instituciones bancarias que hicieron caso omiso a esta ley (8968) y deben dar la respuesta que corresponde”, dijo en su intervención la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista.
Rivera añadió a la consulta de la liberacionista Álvarez que los datos necesitan estar en un contexto para determinar cuál es su naturaleza. “Sueltos como tal no pueden indicarse que sean de una categoría a otra. Cuando usted hace el análisis integral dentro de una base de datos con las diferentes opciones de tratamiento o fines a los que usted está autorizado podría ser que esa categoría se analice de diferente forma”, dijo la funcionaria.
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La directora de la Prodhab comentó que no podía referirse directamente a las solicitudes de información del Banco Central debido a que la Agencia está llevando un caso sobre el tema y cualquier declaración podría considerarse como un dictamen anticipado.
Rivera también confirmó que la eventual resolución final de la Prodhab se encuentra suspendida hasta que la Sala Constitucional resuelva la acción que fue presentada contra el BCCR, sin embargo sí mencionó que las medidas cautelares que la Agencia le puso al BCCR siguen vigentes.
Por medio de la resolución N.° 697-2023 del 28 de agosto, la Prodhab le ordenó al Banco Central suspender cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los habitantes. En la audiencia del 21 de setiembre, ante esta misma comisión legislativa, el presidente del ente emisor, Róger Madrigal, dijo que las medidas cautelares de la Agencia habían sido suspendidas.
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Durante la comisión también participó José Antonio Hidalgo Marín, presidente de la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración Pública en Costa Rica (Asodidcu), entidad que puso la denuncia en la Prodhab en contra de las solicitudes de información individualizada del Banco Central.
Hidalgo sostuvo que la información sin anonimizar solicitada por el BCCR debería considerarse como sensible y que, en la percepción de la Asociación, quebranta derechos constitucionales a la intimidad.
La junta directiva de Asodidcu, según confirmó el mismo Hidalgo, está conformado en su totalidad por directivos que laboran o laboraron para la firma Latam Lex. Esta es la misma firma en la que es socio Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), grupo gremial que puso la acción de inconstitucionalidad en contra del BCCR.
El diputado oficialista, Daniel Vargas, le preguntó si eso genera un conflicto de intereses, a lo que Hidalgo contestó que “en este caso no”.
Lo que estamos tratando de defender es un derecho constitucional que tenemos todos”, dijo Hidalgo, quien también confirmó que la asociación se formó “hace algunos meses”.
