Por: María Fernanda Cisneros.   3 julio
Las moratorias fueron un alivio para muchos deudores, pero se hacen insuficientes en medio de un golpe económico sin precedentes. Crédito: Shutterstock
Las moratorias fueron un alivio para muchos deudores, pero se hacen insuficientes en medio de un golpe económico sin precedentes. Crédito: Shutterstock

La contracción económica proyectada para el cierre de este año estará acompañada de un inevitable aumento en la cantidad de deudores que presentarán atrasos en las cuotas de sus créditos.

Este sería un desenlace difícil de evitar aun con las medidas de flexibilización y oxígeno que han aplicado los supervisores, tanto en torno a la calificación de los deudores como a los resultados de las entidades que conforman al sistema financiero.

Tampoco las moratorias (periodos de gracia) en el pago de los préstamos serían suficientes para contrarrestar las dificultades que enfrenta la población, la cual ya desde antes de la pandemia tenía problemas de pago y altos niveles de endeudamiento.

Deterioro se agudiza

El golpe de la pandemia no discrimina y afecta inclusive a quienes tenían una calificación envidiable. Así, muchos tendrán que acudir a la banca por primera vez —o lo hicieron recientemente—, en busca de medidas de alivio para su bolsillo.

Algunos otros deudores sumarán más arreglos de pago y refundiciones a su historial, opciones que venían en crecimiento desde 2019 cuando se lanzaron los planes de salvamento a petición del Gobierno.

Este es el panorama que prevén las mismas entidades financieras situadas en territorio nacional.

“La morosidad ha aumentado, a pesar de que hemos ayudado”, afirmó Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional.

Además, el nivel de endeudamiento en la población y las dificultades de pago caracterizan a una buena parte de los deudores desde mucho antes de la pandemia.

Desde el 2017, las instituciones financieras registraban un incremento en la morosidad de sus carteras de crédito.

La cartera con atraso mayor a 90 días y en cobro judicial pasó de representar un 1,2% del saldo total de los créditos en suelo nacional (a finales del 2016), a 2,46% a mayo del 2020.

La desaceleración económica y el alto nivel de desempleo explicaban el deterioro de algunas carteras y las dificultades de pago por parte de los deudores.

Ahora, la llegada del COVID-19 desencadenó en la incapacidad de pago de muchos deudores que solían atender sus cuentas a tiempo, pero que enfrentaron dificultades al quedarse sin empleo, ver cómo se reducía su jornada a la mitad o se congelaba temporalmente, o cómo caían los ingresos de su negocio.

Por ejemplo, en BAC Credomatic, el 42% del saldo de los clientes, como porción de la cartera total, se acogieron a planes de alivio en el pago de deudas; y en el caso de pymes, un 85%.

En pymes el dato es más alto, debido a que se aplicó un ajuste generalizado, explicó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas.

Esta realidad impacta a las entidades en distintas magnitudes, por ejemplo, en Banco Lafise solo el 20% de los clientes solicitó apoyo, por lo que el banco no ha visto afectación en términos de morosidad, explicó Gustavo Gutiérrez, gerente de Crédito Banco Lafise.

Lafise cuenta con una de las morosidades más altas del mercado, todavía al mes de abril era la más alta pero en mayo fue superada por el Banco Nacional.

En Prival, que atiende al segmento corporativo, el 58% de los deudores se acercó al banco en busca de ayuda.

Razones del deterioro

Las restricciones sanitarias en el mundo llegaron con el objetivo de cuidar la salud de los ciudadanos, pero han generado un impacto económico sin precedentes.

De entrada, el golpe de la pandemia llegó a una Costa Rica con un empleo deprimido, por lo que se alcanzan cifras históricas tras los primeros resultados en medio de esta coyuntura.

El desempleo alcanzó el 15,7% en una medición entre febrero y abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto se traduce en 102.000 individuos más en busca de trabajo, en comparación con el mismo trimestre móvil de hace un año.

Adicionalmente, el Gobierno abrió las puertas para que las empresas cambiaran las condiciones laborales de sus empleados.

Al 24 de junio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social registraba 5.570 empresas con solicitudes para suspender temporalmente los contratos, de las cuales 3.204 ya habían sido aprobadas. A la misma fecha, se contabilizaba un total de 7.142 solicitudes para la reducción de jornadas (3.178 aprobadas).

Esa reducción total o parcial de ingresos implica una afectación de 37.542 y 79.518 personas, respectivamente.

Como medida de apoyo, el sistema financiero ofreció periodos de gracia para apoyar a esos trabajadores, pero con un límite de entre tres y hasta cuatro meses.

Las posibilidades de ampliar este periodo son limitadas y se ofrecerían solo en algunos casos, con la condición de que se demostrara la afectación en su jornada de trabajo.

“Ya en este momento estamos claros en todas las instituciones financieras que una prórroga se le podrá hacer a una empresa que siga teniendo una afectación significativa”, anotó Adrián Alvárez, subgerente general de Coopenae.

Esto quiere decir que aun en medio de una difícil situación económica en el hogar, muchas personas tendrán que buscar caminos para atender sus deudas, al mismo tiempo que la economía no volverá al ritmo de crecimiento visto antes de la pandemia.

Los supervisores también se han dado a la tarea de aplicar cambios regulatorios para dar oxígeno a las entidades, que han visto cómo se deterioran algunos resultados e inclusive utilidades, y a la calificación de deudores.

Sin embargo, algunas entidades pudieron tardar un poco en la aprobación y formalización del plan de apoyo a raíz de la emergencia sanitaria, principalmente la de clientes empresariales, afirmó Roberto Rodríguez, director de Riesgo de Prival Bank.

Adicionalmente, estas medidas se hacen insuficientes en medio de una contracción económica tan profunda.

“Había un mayor optimismo en cuanto a la reactivación económica y no ha sucedido aún”, añadió el director de Riesgo de Prival.

El mismo gobierno valora la creación de un fondo de avales para la dotación de crédito a empresas que encuentran dificultades para ofrecer una garantía real. Inclusive, se ha visualizado la posibilidad de dar el Bono Proteger a empresas, en vez de a personas, para que estas sean las encargadas de reactivarse, sostener los empleos y por ende evitar un mayor deterioro a nivel de empleo.