El Banco Central de Costa Rica (BCCR) requerirá el número de identificación de todas las personas que compren o vendan dólares en las ventanillas privadas a partir abril próximo. El fin, dice, será poder identificar qué hay detrás de la cuenta “otros”, una clasificación de transacciones que ha levantado polémica en las últimas semanas debido a su opacidad y su misterioso aumento en el monto registrado.
En los últimos seis años, casi la mitad de operaciones cambiaras privadas han caído bajo el velo de “otros” sin poder ser identificadas correctamente. Explicamos qué es ese “otros”, de dónde viene la polémica, por qué el BCCR quiere saber quiénes están en esa categoría y cuál es la posición de los bancos ante este cambio.
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¿Qué es “otros”?
Aunque suele llamarse una “cuenta”, en realidad se trata más de una categorización. Cada vez que una persona (física o jurídica) compra o vende dólares en el mercado privado (bancos, cooperativas, mutuales, casas de cambio o financieras), debe registrarse el motivo de la transacción para que sea compartido con el Banco Central.
Para ese registro actualmente hay 29 categorías tales como exportaciones, importaciones, pago de salarios, remesas o tarjetas de crédito. Entre ellas hay una que se clasifica como “otros”, cuyo objetivo es agrupar las operaciones que no pertenecen a ninguna de las otras 28 opciones.
El problema está en que las reglas actuales son laxas es su categorización, lo cual permite que haya imprecisiones en los datos.
Para comenzar, quién categoriza las compras depende de cada intermediario. En algunas es la entidad financiera la que clasifica las transacciones por medio de la información —a veces limitada— que poseen sobre sus clientes y en otras es el mismo usuario el que debe seleccionar el motivo de la compra o venta. Esto entorpece que haya uniformidad en los registros.
Además, no es posible clasificar una sola transacción con dos motivos. Por ejemplo, si alguien compra $1.000, pero $700 son para pagar deudas de tarjetas y $300 son para ahorros, el sistema actual empuja a los usuarios a etiquetarlo como “otros”, a pesar de que es posible que algunos de los motivos estén dentro de las opciones a marcar.
“Es una clasificación inadecuada del origen o el destino de los fondos, entonces está claro que el análisis de la información que tenemos hoy en ventanillas tiene grandes limitaciones”, explicó Hazel Valverde, gerenta general del BCCR.
Lo problemático es que no son fondos pequeños los que caen en esta categoría: entre 2017 y 2023, “otros” acumuló el 48% de los orígenes y el 45% de los destinos de las transacciones cambiarias privadas.
¿Cuál es la polémica del “otros”?
En las últimas semanas han escalado las solicitudes para esclarecer cuál es el origen de esa categoría debido al crecimiento en su volumen y la posible apreciación del colón que algunos creen que está propiciando.
Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), publicó en un artículo de opinión, en el diario La Nación, que “es imperativo entonces que el Banco Central detalle de manera transparente el origen e importancia de la partida otros”.
Bajo esa misma línea, José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también criticó la opacidad en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio. “Al decir ‘otros’, sin ninguna justificación, puede haber dinero de todo tipo. El Banco Central debería pedirles a los bancos el desglose (...) porque ese ‘otros’ va subiendo con los años. Por eso pedimos una explicación”, mencionó en dicho programa, cita que rescató La Nación en un artículo del pasado 17 de febrero.
El aumento en la inseguridad y los temores por una posible sofisticación de estructuras criminales —narcotráfico, principalmente— han hecho que algunos teman que el incremento en la entrada de dólares al mercado costarricense tenga que ver con el auge de actividades ilícitas.
“Otros” ha incrementado casi un 200% entre 2018 y 2023 y casi un 50% solo en el último año, según datos del Central.
La preocupación llegó incluso hasta Silvia Saborío, miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). “Pienso que podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”, dijo Saborío en un foro sobre coyuntura fiscal y política monetaria de la Universidad Hispanoamericana el pasado 12 de febrero.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, mencionó en conferencia de prensa el 19 de febrero que de momento no han encontrado evidencia de que el superávit de divisas venga del narcotráfico u otras actividades ilegales. El jerarca sostuvo que el mayor flujo de la moneda extranjera se explica por factores económicos como el crecimiento del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera.
También agregó que no tienen indicios de que existan flujos de dineros ilícitos escondidos en la categoría “otros”.
¿Cómo se revelará la información?
Para esclarecer el origen de los movimientos, el BCCR acordó pedirle a las entidades financieras que le compartan el número de identificación de todas las transacciones cambiarias que realicen sus clientes. Entonces será el Banco Central el que cruzará esa información con bases de datos que ya poseen —también con número de identificación— para asignar una actividad económica a cada compra o venta de dólares.
En general, los datos en previa posesión del BCCR se pueden dividir en dos tipos: los registros administrativos que obtiene de otras entidades —información bancaria, salarial y hacendaria— y la información que ellos recopilan directamente de la población, ya sea porque son usuarios de sus servicios —como el Central Directo— o porque la brindaron por medio de encuestas.
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Entre la nueva información que recibirán está, además de la cédula, el identificador único de la transacción, nombre del servicio a través del cual se ejecutó la operación, provincia, cantón, entre otros.
¿Qué dicen los bancos?
El Financiero le consultó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) cuál era su posición con respecto a la necesidad de enviar las transacciones con número de cédula, dado que en 2023 se posicionaron en contra de compartir información individualizada de sus clientes.
“La organización gremial solicitó al BCCR garantía de utilizar la información en estricto apego al objetivo del requerimiento, sin obviar que la institución pública es un competidor de la banca comercial en el mercado de divisas”, respondió la ABC por medio de un comunicado de prensa.
Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación, agregó que el Central tiene el poder y deber de administrar y resguardar adecuadamente la información que se le suministrará de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que protegen el uso de los datos de las personas.
En setiembre de 2023, la ABC instó a sus entidades asociadas a no compartir con el BCCR información financiera con número de identificación de ahorrantes y deudores, a pesar que desde 2016 y 2018, respectivamente, lo hacían de forma semanal.
Esta decisión se tomó después de que estallara la polémica por solicitudes de información crediticia con alto detalle y sin anonimizar que el Central le hizo a todos los intermediarios financieros. Actualmente dicha solicitud está siendo evaluada por la Sala Constitucional.
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Ante consultas hechas por este medio, el BAC dijo que su posición era la misma que la de la ABC, mientras que el Banco de Costa Rica (BCR) y Scotiabank comentaron que ya están trabajando en los ajustes necesarios para enviar dicha información. La oficina de prensa del Banco Popular, por su parte, dijo que la entidad respeta lo que definen los órganos de dirección superior del sector y el Banco Nacional mencionó que la solicitud está amparada en el artículo 86 de la Ley Orgánica del BCCR, pero le piden al ente emisor que custodie “con el mayor cuidado y recelo” la información que le remitan los intermediarios.
Valverde y Madrigal no quisieron comentar qué pasaría en un hipotético escenario en el que los intermediarios se nieguen a compartir la información. También mencionaron que la legislación les permite hacer dichas solicitudes, algo en lo que coincidió la ABC.
La negociación de divisas en el territorio nacional se realizará por medio del Banco Central, de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia y por otras que autorice la Junta Directiva del Banco Central.
Las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia, que participen en el mercado cambiario, deben cumplir con los siguientes requisitos:
(...) b) Suministrar toda la información sobre transacciones cambiarias que solicite el Banco Central, sin excepción, en la forma, las condiciones y con los pormenores que este exija.
— Artículo 86 de la Ley Orgánica del BCCR
¿Qué impacto tendrá en el mercado cambiario?
No se espera que haya un impacto directo en el tipo de cambio, ya que esto no cambia cómo se compran o venden dólares, lo que cambia es la información que se recolecta y categoriza de esas transacciones.
En lo que podría influir, dice el Central, es que le permitirá a los supervisores y al resto de agentes económicos tomar decisiones basadas en información menos opaca.
