El 28 de enero de 2025 el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) recibió una solicitud de reunión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel).
La idea era compartirles algunas inquietudes del sector sobre el concurso de las frecuencias de radiodifusión que estaba pronto a pasar a una nueva fase.
La solicitud se envió a todos los integrantes del Consejo: Federico Chacón, Cinthya Arias y Carlos Watson.
La sesión inició y Arias tuvo que recordar a Chacón, en ese momento presidente de Sutel, el correo electrónico de Canartel.
“Lo damos por recibido y vamos a coordinar la reunión respectiva”, dijo Chacón, según el acta de la sesión.
La reunión se realizó. Los ingenieros y abogados de Canartel presentaron diversidad de datos. Sin embargo, quedó un sinsabor.
“En múltiples oportunidades solicitamos reuniones para aclarar temas”, dijo Saray Amador, presidenta de Canartel, ante una consulta de El Financiero. “Hasta ese momento nos recibían cordialmente”.
Fue la primera señal de un cambio y del enfrentamiento posterior entre Sutel y toda la industria. Durante el 2025, la Superintendencia se encontró en una encrucijada para ejecutar la orden del Poder Ejecutivo del concurso de las frecuencias de radio y televisión.
El sector señaló problemas derivados de la instrucción del gobierno, en especial la legalidad del proceso. Al mismo tiempo, no dejó de hacer ver la responsabilidad de Sutel en varios de los puntos críticos de los pliegos para radio AM y FM y para televisión, como en el caso de los precios base de la subasta. Las fricciones internas, en especial por diferencias en los procedimientos, no estuvieron ausentes.
“Es un mandato velar por la transparencia y certeza jurídica, máxime cuando se trata de asuntos de alta complejidad y trascendencia para el país“, respondió Cinthya Arias a EF.
La oleada de críticas culminó con una treintena de recursos ante la Contraloría General de la República (que esta entidad rechazó indicando que los objetantes no demostraron técnicamente sus argumentos) y luego ante la Sala Constitucional, pendientes de resolución.
Federico Chacón respondió que no podía referirse al tema. “Por respeto al debido proceso”, indicó.
Actas claves… en blanco
El concurso inició con un pedido del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en agosto de 2022 para determinar el interés del mercado por las frecuencias de radiodifusión.
El Poder Ejecutivo detuvo el aval a las prórrogas de las concesiones, Sutel realizó una consulta pública en la que participaron más de 100 posibles interesados, Micitt envió la instrucción y los lineamientos técnicos, se recibieron observaciones del pre-cartel y finalmente se publicaron los tres pliegos para recibir ofertas en octubre de 2025.
El resultado fue muy por debajo de lo esperado y el conflicto estalló públicamente cuando varias emisoras dijeron que no participaron por los altos precios base de la subasta y que dejarían de operar. Los problemas del proceso eran evidentes desde el inicio.
Siete meses antes, en marzo de 2025, Canartel solicitó otra reunión, esta vez en conjunto con el Micitt, pensando en una comisión tripartita. La idea era exponer sus inquietudes partiendo de la experiencia y el aporte de sus ingenieros y técnicos, que día a día enfrentan los retos de transmisión y cobertura de las emisoras de radio y televisión. La respuesta fue negativa.
Sutel adujo que ya el proceso estaba en marcha y que sólo podrían recibirse observaciones mediante los mecanismos establecidos en la licitación y por la Ley General de Contratación Pública (Nº 9986). El mismo argumento se utilizó para rechazar la participación en foros públicos sobre el tema, como uno de la Asociación Internacional de Radiodifusión.
Si las partes se cuidaron, hasta entonces, de mantener el conflicto con bajo perfil, poco a poco se hizo evidente que sería inevitable el choque público.
Tras una consulta de la Cámara Nacional de Radio (Canara), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó su resolución respecto a los efectos de la subasta en las elecciones actuales. El Consejo de Sutel lo remitió a la Dirección General de Calidad (DGC), no sin una observación de Cinthya Arias.
“Yo sugeriría que a la par de la remisión a la DGC, se le indicara valorar los alcances de la instrucción que hace el Tribunal Electoral, desde el punto de vista del derecho electoral, que es un derecho que nosotros tal vez no manejamos mucho”, dijo Arias, según consta en el acta. “Sobre todo, porque el no acatamiento de la resolución tiene implicaciones de orden personal para quienes no la acaten”.
El 23 de abril el director de Calidad, Glenn Fallas, informó que la resolución del TSE no suspendía los actos preparatorios del concurso. Como tampoco el Micitt ordenó la suspensión o modificación de su instrucción, se podía continuar. De inmediato se analizó el pre-cartel. El documento fue remitido con anterioridad para que los estudiaran los directores de Sutel.
La discusión fue declarada confidencial. El resto del acta incluye 25 páginas en blanco. La sesión, iniciada a las 9:15 a.m. finalizó a las 10:10 a.m. No duraron ni una hora.
Contra tiempo
Con el inicio del segundo semestre del 2025 aumentó el ritmo de revisión de temas relacionados con el concurso. También las críticas públicas.
En la sesión del 26 de junio se acordó consultar al Ministerio de Hacienda si los concesionarios podrían cancelar en diferentes pagos. La respuesta llegó un mes más tarde: no había impedimentos.
De inmediato se solicitó al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que recibe los recursos recaudados, un informe sobre el impacto del pago en tractos para su flujo de caja y sus programas de reducción de la brecha digital.
En el interín, Sutel organizó un simposio sobre licitaciones colusorias, junto con la Comisión de Promoción de la Competencia y la Escuela Judicial Edgar Cervantes del Poder Judicial.
Saray Amador, presidenta de Canartel, solicitó la venia para asistir. La respuesta fue negativa, como consta en actas.
El Consejo acordó comunicarle que la participación era exclusiva a funcionarios judiciales y de otras entidades y que la Sutel considerará después propiciar una nueva capacitación para los asociados de Canartel.
La Cámara insistió. “Costó mucho que se realizara”, respondió Amador a EF. El ambiente no mejoró. Los representantes del gremio, interesados en entender en qué consistía una colusión en medio de la licitación de frecuencias, recibieron la charla pero no podían preguntar ni solicitar información adicional.
En julio, Sutel realizó otra sesión extraordinaria para analizar la respuesta que enviarían al Micitt sobre la estimación del valor económico del espectro para radiodifusión, el tema más explosivo del proceso junto al de la legalidad. Las siguientes 17 páginas están en blanco con el sello de “confidencial”.
LEA MÁS: Contraloría rechazó los 29 recursos de objeción a la licitación de frecuencias de radio y TV
Poco después, Sutel valoró los 196 cuestionamientos recibidos en la consulta pública del pre-cartel, provenientes de las Cámaras del sector, Ciber Regulación, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y varias emisoras de radio y televisión.
Los funcionarios de la DGC recordaron que el proceso fue instruido por el Poder Ejecutivo y que se seguía la normativa vigente. Luego mostraron una clasificación de las observaciones recibidas.
Según ellos, el 16% de las “dudas” no eran sobre el cartel ni el concurso y escapan del ámbito de la Superintendencia, pero su resolución afectaría el proceso. Otras fueron sobre requisitos técnicos (20%), evaluación de las ofertas (26%) y obligaciones de los concesionarios (11%). Casi tres cuartas partes de las observaciones fueron rechazadas.
Cinthya Arias insistió en incluir en el documento los diferentes escenarios para garantizar la continuidad de los servicios de radio y televisión. Asimismo, recalcó la necesidad de transparencia, por lo que para ella era necesario incluir las observaciones de los sectores en el informe que se debía enviar al Micitt y no como un anexo. Y llamó la atención que los estudios técnicos sobre control de concentración y precios base no estaban aprobados aún.
También advirtió que se estaban enviando al Micitt los borradores de los tres carteles, con los ajustes derivados de las observaciones aceptadas, sin que el Consejo de la Sutel hubiese aprobado las respuestas a cada cuestionamiento ni haber ordenado la incorporación de los cambios en los pliegos.
No sería la única ni la última vez que tendría que referirse al procedimiento interno.
Con la tormenta encima
A menos de un mes de la fecha final para recibir ofertas, en setiembre, el Consejo Directivo revisó la propuesta de los pliegos para dar inicio al concurso. Afuera los cuestionamientos no se detenían.
Las siguientes 52 páginas del acta, de la sesión extraordinaria del 19 de setiembre, están en blanco con el sello de “confidencial”. Duró 80 minutos.
Eso no se supo entonces, pues las actas de las sesiones realizadas de enero a octubre de 2025 estuvieron disponibles hasta el final del 2025 y recién en enero de 2026 se publicaron las de noviembre.
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En general y por multitud de temas relacionados con el sector de telecomunicaciones, el atraso de la publicación de las actas del Consejo durante el 2025 llamó la atención de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (Infocom), que envió una carta haciendo ver su preocupación.
Otra organización a la que llamó su atención el atraso fue Canara, que solicitó las actas y los audios debidamente certificados de todas las sesiones donde los directores de Sutel analizaron y discutieron la licitación de radiodifusión.
Arias pidió más recursos para actualizar la publicación de las actas de las sesiones.
La fecha para presentar ofertas se cumplió y solo 25 ofertas estaban sobre la mesa, notablemente menos que los 98 concesionarios actuales y los más de 100 interesados que afirmaron estar interesados en frecuencias de radio AM y FM y de televisión.
La atención pronto se tuvo que redirigir a los 29 recursos de objeción contra la licitación (15 de ellos contra el pliego de radio FM) presentados ante la Contraloría. Los directores de Sutel analizaron la respuesta a esos recursos el 21 de octubre, mas la sesión no empezó bien.
La reunión se atrasó porque la Comisión de Licitación de Sutel estaba realizando ajustes al documento.
Cuando empezó, Cinthya Arias cuestionó que “errores de comunicación” le impidieron concluir el análisis de la documentación enviada previamente.
“No podemos conocer estos temas tan importantes sin una adecuada comunicación y sin una adecuada coordinación”, reclamó Arias.
El borrador de respuesta fue presentado por Glenn Fallas. Iban contra reloj. La sesión inició a las 11:00 a.m., debían enviar la respuesta antes de las 4:00 p.m. y cada documento era de 150 páginas.
“Los interesados mantienen una retórica para referirse al valor del espectro”, acusó Fallas, de la DGC de Sutel.
Como el principal cuestionamiento son los altos precios de la subasta, el funcionario recordó que para definirlos realizaron un benchmarking tras reuniones con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), el antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (ahora Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) y “con diferentes interesados de Perú”.
Agregó que luego se realizaron cinco pasos adicionales: la conversión de los datos a valores nacionales; la contextualización “a partir de la demanda estimada”; la aplicación de modelos matemáticos; la normalización para revisar cuánto sería el ancho de banda de las transmisiones, la población meta, la posible audiencia de esas transmisiones; y la ponderación respecto al plazo de la concesión.
Tras una interrupción de media hora, pasadas las 12 mediodía, la sesión se reanudó y sólo se dispusieron de 30 minutos para debatir, realizar observaciones y votar. Federico Chacón y Carlos Watson aprobaron el informe. Cinthya Arias disintió.
Arias nuevamente insistió en la necesidad de la transparencia y cuestionó el lenguaje confrontativo, con “el uso de palabras que descalifican al recurrente de manera reiterada y subjetiva”.
Fallas lo admitió: “Sí, vimos algunas frases que pudieran estar descontextualizadas y debe ser, primero, por el volumen de objeciones sin respaldo que se presentaron”. Luego dijo que el tono se habría corregido.
Pero Watson intervino. “Me opongo a cualquier cambio que, con la intención de ser conciliador, introduzca flexibilidades que puedan ser interpretadas como ambigüedades o debilidades, arriesgando así la validez del mismo proceso de licitación”, afirmó.
El asunto no quedó ahí. “En ningún momento he buscado una posición conciliadora”, respondió Arias. “Mi posición cuando hago observaciones es para que se limite y se eliminen algunos elementos subjetivos en los comentarios, de manera tal que se le pueda a dar valor y lugar a los comentarios técnicos, que son los que sí son importantes que el Consejo vierta en estos documentos”.
El tema del concurso no se volvió a retomar, al menos según consta en las actas de las sesiones de noviembre publicadas en estas últimas semanas. Probablemente a la espera de la resolución de los recursos por parte de la Sala Constitucional.
| Protagonistas |
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| El Financiero consultó a dos integrantes del Consejo Directivo sobre dos temas distintos y estas fueron sus respuestas: |
| Pregunta: En las actas publicadas, se consignan los puntos que usted señaló en varias ocasiones sobre la necesidad de transparencia, el lenguaje utilizado en algunos puntos de la respuesta a las objeciones presentadas por diferentes sectores ante la Contraloría y la falta de tiempo para el análisis de esa respuesta. ¿Cuáles otros puntos de mejora se debieron tomar en cuenta en el proceso, considerando la complejidad del concurso y de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo y la Sutel? |
Cinthya Arias Leitón, Consejo Directivo de Sutel: “Mis actuaciones en la Sutel se apegan a la ciencia y la técnica. Es un mandato velar por la transparencia y certeza jurídica, máxime cuando se trata de asuntos de alta complejidad y trascendencia para el país, como es la licitación de espectro para brindar servicios de radio y televisión. Como lo señalé en actas, siempre pido a los equipos técnicos mantener una comunicación con lenguaje claro y sustento técnico en todos los documentos (argumentos sólidos y lenguaje apropiado y respetuoso). También, hice un llamado de atención sobre la administración del tiempo y los espacios de análisis en el Consejo, para que en futuras sesiones se adopten las previsiones necesarias y se favorezca los espacios necesarios en favor de la sana discusión. En procesos concursales de alta complejidad y relevancia pública, resulta siempre pertinente identificar oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento de la coordinación institucional interna y a la optimización de los flujos de información, de manera que se continúe robusteciendo la toma de decisiones en cada una de las etapas del proceso, según corresponda a cada ente”. |
| Sutel alega que el proceso de licitación para frecuencias de radio AM y FM y televisión se realizó según la instrucción y los lineamientos técnicos enviados por el Poder Ejecutivo y específicamente el Micitt. Sin embargo, los sectores acusan que Sutel tuvo responsabilidad en algunos de los puntos críticos de los pliegos, como en el caso de los precios. ¿Cuál es el criterio suyo, como Presidente del Consejo Directivo de Sutel en el 2025, al respecto? |
Federico Chacón, Consejo Directivo de Sutel: “Es importante señalar que la Sala Constitucional dispuso la suspensión de la tramitación de los concursos para frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva, hasta tanto no se emita una sentencia o se adopte una disposición en contrario. En ese contexto, la Sutel se abstiene de realizar valoraciones o pronunciamientos públicos sobre el fondo del asunto, con el fin de respetar el debido proceso, evitar interpretaciones anticipadas y guardar pleno acatamiento a la competencia de la Sala Constitucional. La Sutel atenderá oportunamente lo que disponga la autoridad judicial competente”. |
