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La lucha por los ¢5.283 millones que permanecieron congelados por casi seis meses, tras un embargo a las cuentas bancarias de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), continúa.
El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) presentó, el pasado martes 10 de noviembre, un recurso de casación ante la Sala II de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se revoque la resolución del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica.
Ese tribunal levantó, el 20 de octubre, el embargo impuesto por otro juez de primera instancia desde el 10 de mayo.
El recurso de casación está firmado por la abogada Lilliana Valverde, apoderada legal de Sintrajap, y pretende frenar la liberación de los recursos que permanecen embargados en las cuentas bancarias de la junta portuaria.
“Solicito con el debido respeto; se declare con lugar el presente recurso de casación, se revoque la resolución recurrida; manteniéndose la medida cautelar del embargo preventivo practicado”, apunta el documento, del cual EF tiene copia.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, considera que esta nueva ofensiva legal para tratar de impedir la liberación de recursos hará más daño a las frágiles y lastimadas finanzas de la entidad.
“El embargo causó graves daños a la estabilidad institucional. Luchamos por mantenernos a flote y recobrar el rumbo de la recuperación y ahora, este recurso retardaría la liberación de fondos que son indispensables para retomar el proceso de reestructuración”, señaló la jerarca.
A criterio de Centeno, esta acción del sindicato pone nuevamente a Japdeva en una posición difícil y obstaculiza el avance del plan del reestructuración que busca reducir la planilla y reenfocar los objetivos de esta institución estatal.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, considera que el nuevo recurso es parte del proceso legal “normal” que se debe librar en estos casos ante las diferentes instancias y por eso agotarán todas las vías.
El embargo retuvo los recursos que estaban presupuestados para pagar las liquidaciones a quienes se acogieron a los diferentes esquemas de salida de la junta portuaria para reducir la planilla y buscar el equilibrio financiero.
Esto obligó a Japdeva a adquirir nuevas deudas con otras instituciones públicas para poder cancelar los derechos laborales a 41 exempleados.
El juez que anuló el embargo resolvió que el primer fallo contenía “vicios de incongruencia”. Sintrajap inicialmente presentó una solicitud para congelar la cuenta bancaria donde Japdeva recibe el dinero del canon que paga APM Terminals, monto que a la fecha ronda los $21 millones.
Sin embargo, el juez que acogió el proceso inicial interpuesto por el sindicato decidió embargar las cuentas operativas de la junta portuaria, en lugar aplicarlo sobre la cuenta del canon.
Crónica de una crisis
El embargo truncó el plan de modernización aprobado el 14 de octubre del 2019 por medio de la Ley de Transformación de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras (9.764).
Esta normativa le confería a la empresa estatal ¢16.237 millones para un plan de cuatro ejes: estabilizar la situación financiera, proteger a los empleados en el proceso de recortes, darle sostenibilidad al servicio y preparar a la entidad para nuevos negocios.
El 10 de mayo, el Juzgado de Trabajo de Limón ordenó congelar las cuentas bancarias (corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial) de Japdeva en el Sistema Bancario Nacional.
Se retuvieron ¢5.400 millones en las cuentas del Banco de Costa Rica (BCR), ese dinero estaba disponible para el pago de planillas y gastos operativos, incluido parte del aporte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) que había transferido ¢3.500 millones de superávit libre a la junta.
También se retuvieron las cuentas en el Banco Nacional (BNCR) y el Banco Popular (BP), esta última corresponde al Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores, además de los aportes para pago de préstamos a empleados y exfuncionarios.
El escenario crítico obligó a la junta a buscar más dinero. Fue así como surgió la idea de solicitar ¢6.500 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), esos recursos son parte del superávit que se puede trasladar por medio de la Ley 9.764 y se concretó como un préstamo con condiciones blandas en setiembre.
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Recope adelantó ¢600 millones por los servicios portuarios que le prestará Japdeva hasta el 31 de diciembre del 2020.
Al cierre de los primeros siete meses del año, los ingresos corrientes de la empresa portuaria sumaban ¢5.150 millones, la cifra representó una caída del 63,2% en la comparación interanual.
El gasto promedio mensual es de ¢1.250 millones y el ingreso promedio cada mes ronda los ¢735 millones.
Este tercer rescate financiero permite que la institución pueda pagar las prestaciones de los empleados que se acogieron a las modalidades de salida, algunos de ellos ya presentaron demandas por el atraso.
El salvavidas dio recursos para continuar con la reducción de la planilla que debe pasar de 565 a 305 personas, lo que implica la salida de unos 260 empleados más. De acuerdo con Centeno, el superávit se destinará a retomar los arreglos de pago con proveedores ya que por el embargo algunos casos se elevaron a juicios.
