El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas. Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.
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La Procuraduría General de la República abrió una plaza exclusiva para personas con discapacidad, con salario superior al millón de colones.
El programa está dirigido a jóvenes con discapacidad cognitiva, síndrome de Down o autismo