Negociar este acuerdo con el FMI es crucial para la solvencia y estabilidad de la economía nacional. Aún así, el Gobierno ha presentado una serie de excusas para formalizar esas negociaciones, por lo que finalmente celebramos que sucediera.
El incremento no se debe necesariamente a un acceso más amplio a la justicia por parte de la ciudadanía o de las empresas, sino más bien a una mayor judicialización de los conflictos por cobros de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros tipos de deudas.
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo, busca amortiguar los efectos económicos que ya deja entrever el COVID-19 en Costa Rica. En detalle, busca disminuir lo más posible, la destrucción masiva de empleos.
Aunque a primera vista parece que el Poder Judicial se someterá a las acciones de ahorro en el pago de pluses salariales, existen dos caminos que podrían cambiar la aplicación de esta medida de ahorro.
Ante las amenazas desde el Ejecutivo, los partidos opositores de izquierda y derecha pidieron la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
Así, el futuro de esta disputa es de trascendental importancia para garantizar los efectos esperados de la reforma tributaria. Cualquier cambio que redefina que las acciones de ahorro en pluses se aplicarán únicamente –y como quiere la Corte– a los nuevos empleados, abriría la puerta para que otras instituciones tomen el mismo camino legal.
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