Si Costa Rica no obtiene el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habría mayor presión sobre el mercado local y se incrementarían los costos de financiamiento para las empresas, las personas y el Gobierno en el corto plazo.
Este préstamo, que se desembolsaría en tractos de $583 millones a lo largo de tres años, es insuficiente para resolver todas las necesidades de financiamiento del Gobierno en los próximos años, pero es un buen empujón. Además, abre la puerta para acceder a empréstitos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitiría diversificar las fuentes de financiamiento a nivel externo.
Pese a su importancia estratégica, la negociación con el multilateral arrancó con el pie izquierdo en el frente local pues la falta de apoyo político y las protestas sociales llevaron al Poder Ejecutivo a desistir de su propuesta inicial.
Mientras el Gobierno vuelve a encender motores y convoca a los sectores para ajustar la propuesta, el mercado externo reaccionó de inmediato al vaivén.
“El mercado internacional está viendo la situación bastante negativa. Los precios de los bonos de Costa Rica están cayendo mientras que los otros soberanos suben. Eso significa que el mercado internacional no le cree a Costa Rica cuando se trata de tomar decisiones, en particular a la política fiscal”, manifestó Luis Fernando Corrales, economista y candidato al máster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
Sin aire
Si las negociaciones con el FMI colapsan o cesan los desembolsos, la respuesta inmediata sería una mayor presión sobre el mercado local pues las autoridades buscarían el dinero entre los inversionistas nacionales.
Este tipo de situación genera un aumento en las tasas de interés debido a la mayor competencia entre el gobierno y el sector privado por los recursos locales.
En este escenario disminuiría la rentabilidad de los proyectos privados, al tiempo que se amenaza a la inversión y el frágil crecimiento económico. Para el 2021 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta un tímido repunte de la economía del 2,3%.
“Esta no es una opción a menos de que el Gobierno de Costa Rica le diga al FMI que no quiere un préstamo. La filosofía actual del FMI es ayudar a los países que se presenten con propuestas serias y razonables”, manifestó Laura Alfaro, profesora en la universidad de Harvard y exministra de Planificación, sobre la negociación con el Fondo.
Sin embargo, las autoridades no deben confiarse. Desde 1961 Costa Rica tocó las puertas del multilateral en 17 oportunidades, pero solo se desembolsaron recursos en 10 ocasiones porque se incumplieron las metas pactadas o porque no se necesitó el dinero.
Si no se obtiene el crédito de Servicio Ampliado habría un mayor panorama de incertidumbre e inestabilidad macroeconómica.
En el 2020 y el 2021 se estima que las necesidades de financiamiento alcanzarán el 14,1% y el 17,5% de la producción nacional, respectivamente. Según consta en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto Nacional 2021 del Ministerio de Hacienda.
Para el cierre de este año se espera que el financiamiento en el mercado local represente cerca del 7,1%, una cifra baja con respecto al histórico pues durante el 2020 el país cuenta con un fuerte plan de financiamiento con multilaterales para paliar la crisis sanitaria.
Este año el endeudamiento con organismos externos equivale a un 5,2% del PIB.
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Para el 2021 las presiones sobre el mercado local aumentan. En el proyecto de Presupuesto Nacional, Hacienda calcula que sin eurobonos ni acuerdo con el FMI tendría que obtener el equivalente a un 13,7% de la producción del mercado costarricense para financiarse y buscar el restante 3,8% del PIB fuera de las fronteras.
La opción más sencilla para el Gobierno es acudir a los recursos domésticos. Para ir al mercado externo se requiere de una negociación política y obtener autorización del Poder Legislativo. Pero esta facilidad, en ocasiones se pago caro y prueba de ello es que la coyuntura actual obliga a las autoridades a implementar estrategias para tener oxígeno con los pagos.
Durante los últimos meses Hacienda realizó mega canjes de títulos de deuda interna en colones y dólares, para alargar el perfil del vencimiento de la deuda.
“El objetivo es patear más la bola con los plazos para pagar más adelante porque hay problema de liquidez con una ola de vencimientos y el pago de intereses en el corto plazo”, afirmó Luis Fernando Corrales, economista y candidato al máster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
A mediados de setiembre Hacienda informó que producto del mega canje de títulos de deuda interna captó ¢214.802 millones y $103 millones, para un total de ¢275.984 millones. En este caso se intercambiaron títulos con vencimiento al 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2031 y 2036, que se asignaron a 13 diferentes puestos de bolsa.
Así consta en un comunicado de prensa que emitió dicha cartera.
A octubre de 2020, Costa Rica tiene colocado bonos con altas tasas de interés fija y algunas se encuentran por encima de la actual curva de rendimiento. Por eso Hacienda debe salir a negociar para ‘mejorar’ sus condiciones y evitar que el pasivo siga creciendo.
Sin embargo, la renegociación es un reto, pues el Gobierno tiene pocas herramientas para renegociar la deuda cara y bajar el pago de intereses.
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Ahora bien, en caso de que el Ejecutivo desista del crédito con el FMI y no implemente acciones en la parte de ingresos o gastos en el mediano plazo Costa Rica se encaminaría a un default, ya sea interno o externo, explicó Corrales.
Entre la espada y la pared
El pasado domingo 4 de octubre el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que retiró la propuesta base con la que pretendía llegar al FMI para acceder a los $1.750 millones.
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La decisión se tomó por la inviabilidad política de la propuesta y la crispación social, pues el Gobierno presentó un plan que fue calificado por algunos sectores políticos y sociales como ‘desbalanceado’.
La iniciativa base pretendía el cobro de nuevos impuestos y subir las tasas de gravámenes existentes, como por ejemplo el impuesto sobre la renta.
“Lo peor es en una confrontación social donde no se puede actuar polític ni técnicamente”, afirmó Patricia Pérez, exdiputada, máster en finanzas y consultora independiente.
El mercado externo reaccionó de manera inmediata a este vaivén.
El lunes 5 de octubre los bonos de Costa Rica con vencimiento al 2031 cayeron 1,9% (a la 1:20 pm hora de Nueva York), la mayor caída desde mayo. Según una nota publicada por la agencia Bloomberg.
El colapso de su propuesta hace ver mal al Gobierno y las agencias calificadoras podrían interpretar que el mandatario “no quiere hacer nada serio”, opinó Alfaro.
El panorama actual pone una serie presión sobre las autoridades nacionales, ya que durante el 2020 Costa Rica vió degradar su calificación en múltiples ocasiones.
El 9 de junio la agencia S&P Global redujo la calificación soberana a B con perspectiva negativa por la incertidumbre con respecto a las políticas fiscales del país y el deterioro de las finanzas públicas a causa del COVID-19.
Días antes, específicamente el 2 de junio, Moody´s también modificó la perspectiva de calificación. Esta se encontraba en B2 estable y luego pasó a tener una perspectiva negativa.
Por su parte, la calificadora Fitch bajó la calificación a B y la acompañó de una perspectiva negativa el pasado 8 de mayo, cuando argumentó que el país no podrá ajustar el desbalance fiscal tras el golpe económico que causó la pandemia.
Las rebajas en la calificación soberana significan que las emisiones de Costa Rica se consideran de alto riesgo crediticio, por lo que el país tendría que costear altas tasas de interés para financiarse en el mercado externo.
