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La comisión alega que el mandatario presuntamente faltó a su deber de probidad, apegados al artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción de Enriquecimiento Ilícito en la función pública, ya que según ellos sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad propias de la institución en la que se desempeña.

La Fiscalía lo detuvo por la presunta comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

Renunció a su candidatura en una carta presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde alega que fue víctima de un “juicio mediático violento”.