Los avances en las acciones del Gobierno para mejorar la ciberseguridad, asegurar la privacidad de los datos y potenciar la protección de los menores de edad en línea, entre otros, son cuando menos modestos.

Estas son algunas de las áreas que analizó en 2017 el Comité de Políticas de Economía Digital (CDEP, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del proceso de adhesión de Costa Rica.

¿Se avanzó desde entonces? El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) reportó que cuenta con estudios (dos del 2019 y en otros dos no indica fecha) y que “se ha trabajado” en una estrategia de protección de menores en Internet.

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En ciberseguridad y en protección de datos se enumeran eventos, talleres y que “se está trabajando en generar propuesta de decretos y de leyes” y se firmaron acuerdos y convenios con diferentes entidades, incluyendo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos.

En materia de datos abiertos, el Micitt carece de certeza de lo que otras entidades realizan, pese a que es el interlocutor ante la CDEP. El Ministerio de la Presidencia informó en setiembre pasado que se emitió la guía de publicación de datos abiertos.

Para especialistas legales y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) la calificación no es alentadora. Pese a que hay una estrategia nacional desde el 2017, elaborada con apoyo de la Organización de Estados Americanos, la generación de políticas y respuestas de ciberseguridad carecen de articulación.

“Nos encontramos ahora en una etapa crítica —la de implementación— ya que los Ministerios no tienen todos los recursos necesarios para hacerlo”, alertó Monserrat Guitart, directiva de Camtic y directora regional de propiedad intelectual y tecnología de Dentons Muñoz.

En protección de información personal, junto al escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), varios incidentes afectan la confianza de los ciudadanos, debilitan esfuerzos y evidencian grandes vacíos institucionales.

Entre esos incidentes se incluyen los ataques de hackers a los sistemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Banco de Costa Rica (tarjetas) y de Correos de Costa Rica (Box Correos) en el 2020 y el reciente caso del manejo de la base de datos del bono Proteger, con información sensible de 1,2 millones de personas solicitantes del subsidio estatal por la pandemia de coronavirus

“En la gran mayoría de instituciones existe muy poco interés o poca capacitación en el adecuado manejo de los datos personales”, dijo León Weinstok, abogado de BLP.

Acercarse

Cuando el CDEP evaluó al país en varias materias, no parecía muy exigente. “El Comité alienta a Costa Rica a alinearse aún más con los estándares de la OCDE en el área de la política de economía digital”, indicó Wonki Min, presidente del CDEP el 22 de noviembre de 2017 al Micitt.

El Micitt, que actúa “como catalizador” de la información, explicó que ese organismo se dio por satisfecho en ocho de las 14 áreas o “instrumentos” analizados. En los otros seis —relacionados con ciberseguridad, privacidad de datos y protección de menores de edad en línea— realizó 14 recomendaciones.

En seguridad informática el país cuenta con un Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática de Costa Rica (CSIRT-CR). Pero depende directamente del despacho de la Ministra del Micitt. “Para coordinar la implementación de la estrategia no tiene el dinamismo esperado”, afirmó Guitart.

El resultado, además, son respuestas y políticas de tecnología de información y comunicaciones (TIC) que —al no carecer de articulación y uniformidad— generan fragmentación y potencialmente afectan la misma seguridad, la eficiencia en compras, la interoperabilidad de los sistemas y el servicio al ciudadano.

Weinstock agregó que el presupuesto del CSIRT-CR “es muy bajo” y la mayoría de veces actúa de forma reactiva (aunque sí reacciona adecuadamente).

En el área relacionada con TIC y ambiente, Camtic indicó que no se visualizan acciones o la creación e implementación de una política integral.

El Micitt, por su parte, indicó que hay un decreto sobre producción y consumo sostenible de mayo de 2018, que cuenta con indicadores en especial de gestión de residuos eléctricos y que se realizaron actividades durante el día Mundial del Ambiente, la Semana del Ambiente y otras relacionadas con el paso a la televisión digital.

En materia de protección de datos personales la estrategia nacional no está oficializada, no se han hecho públicas las acciones oficiales para desarrollar indicadores y metodologías en esta materia, acusó también Camtic.

En febrero de 2020 la firma Ecija, que había sido contratada con apoyo de financiamiento de la Embajada Británica, presentó un proyecto de estrategia. “Resultó evidente que el Estado es el gran ausente en materia de protección de datos personales, sobre todo producto de una gran ignorancia de la legislación existente (que este año cumple 10 años de estar en vigor)”, comentó Mauricio París, socio de Ecija Legal Costa Rica.

París presentó en abril de 2020, a título personal dos iniciativas a la Comisión Investigadora de la UPAD, para la reforma constitucional que se propuso en el proyecto de estrategia y a la Ley de Protección de Datos Personales. La primera fue presentada y la segunda sería presentada junto con el reporte final de la Comisión UPAD en abril próximo.

“En la mayoría de instituciones no se cuenta con una persona que sea capaz de diseñar las políticas adecuadas para el manejo de los datos, ni se toma en cuenta el tratamiento de los datos personales al desarrollar nuevas iniciativas o proyectos”, coincidió Weinstock.

El Micitt, por su parte, respondió a EF que “según el último avance presentado”, la estrategia estaba en revisión final y en preparativos para su lanzamiento.